Corte Suprema ordena al fisco a pagar indemnización a 31 ex prisioneros de Isla Dawson.

La Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de más de $4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de pesos) a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemûller, Haroldo Brito y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz– rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes.

La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado en la Región de Magallanes.

“Es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile, especificándose en cada acontecimiento las datas de sus secuestros, las torturas soportadas, el tiempo que permanecieron privados de libertad y las secuelas que padecen, menoscabos que hasta ahora persisten en todos los ámbitos de su vida. (…) En lo relativo a la prescripción, asevera el sentenciador que la acción indemnizatoria encuentra asidero en la comprobación de las torturas sufridas por los actores e inferidas por el Estado chileno, con enorme poder de coerción y uso de la fuerza, conculcando así el artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y si bien la acción indemnizatoria ostenta un sesgo patrimonial, no pierde su índole humanitaria y obedece al respeto de los derechos de todo ser humano (…) En esas condiciones, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, es que se accedió a la pretensión de los demandantes, como colofones de un inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia”, sostiene el fallo.

Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional.

“Más allá de lo razonado por los jueces ad quem, reiterada jurisprudencia de esta Corte precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad –lo que ha sido declarado en la especie–, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras (…) cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente (…) la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado”.

Fuente: Poder Judicial de Chile


Memoria Viva

La Isla Dawson esta ubicada en el extremo sur de Chile, en la provincia de Magallanes y servía de base para un campamento de ingenieros de la Armada. El 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado, la Armada instaló en Isla Dawson los campos de concentración de Río Chico y Compingin. Cerca de 400 presos políticos de la zona fueron llevados al lugar, en donde debieron realizar trabajos forzados, que consistían en instalar postes, construir canales, extender alambradas y postes telefónicos. Trabajan también en un pantano sacando fango y vegetales en descomposición. Otros trabajos consistían en cargar camiones con piedras grandes, limpiar caminos, abrir zanjas y canales, acarrear ripio en sacos al hombro y al trote.

Además de los presos políticos locales, a la Isla Dawson fueron llevados mas de treinta dirigentes de la Unidad Popular, entre ellos Clodomiro Almeyda, Orlando Letelier y Luis Corvalán. Estos fueron trasladados esposados en avión a Punta Arenas, y luego en barco. Aunque el lugar es particularmente inhóspito, con fuerte viento y temperaturas bajo cero, los detenidos fueron llevados sin abrigo y se los mantuvo en precarias condiciones. De hecho, el ex ministro del Interior y Defensa, José Tohá, fue regresado a Santiago en febrero de 1974, afectado por una aguda desnutrición, falleciendo días después.

El campo de concentración Isla Dawson estaba bajo la jurisdicción de la División del Ejército con asiento en Punta Arenas. La custodia del campo estaba a cargo de Infantes de Marina y efectivos del Ejército alternándose. No se permitían visitas de familiares, y la correspondencia era censurada en forma rigurosa, lo mismo que las encomiendas.

A los detenidos se les obligaba a marchar y a ejecutar diversos tipos de formación militar y calistenias. Se efectuaban simulacros de fusilamientos y grandes despliegues de fuerza, como si la isla fuese a ser atacada desde el exterior.

Los principales miembros del Gobierno de Allende fueron trasladados a Santiago a comienzos de junio de 1974. Los demás prisioneros son trasladados a la Cárcel de Punta Arenas y algunos puestos en libertad. El Campo de Concentración Isla Dawson se cierra en octubre de 1974.

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