Justicia absuelve por falta de pruebas, a militares acusados de recibir coima en compra de tanques Leopard.

La Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a los miembros del Ejército en retiro general Luis Iracabal Lobos y al brigadier general Gustavo Latorre Vásquez de responsabilidad en el supuesto delito de malversación de caudales públicos en la compra de 200 tanques Leopard I, en junio de 1998 a Holanda. Ambos acusados recibieron $300 mil dolares, cada uno.

El caso se venía indagando desde el 2004, cuando el juez Sergio Muñoz, que investigaba el origen de la fortuna del dictador Augusto Pinochet descubrió el pago de estas coimas. Según los datos que maneja el juez Manuel Antonio Valderrama, al vender los tanques, la holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij-Technology (RDM Technology) pagó 7,5 millones de dólares (14%), de los 53,7 millones del valor de la exportación, a altos mandos del ejército. Adicionalmente, en 2005, la empresa confirmó públicamente que pagó US$ 1,6 millones a una sociedad representada por el ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken. Al momento de la compra, Iracabal era el director y Latorre gerente comercial de la Fábrica de Materiales del Ejército (Famae), empresa estatal que suscribió el contrato con RDM-Technology, según la resolución judicial del caso. Por estos motivos, ambos militares fueron procesados por la justicia el 2009.

El 2014, la Corte Suprema acogió un recurso de casación y ordenó continuar con la investigación por el delito de malversación de caudales públicos, en la compra de tanques, esto luego que el máximo tribunal determinara que no se había acreditado una fecha cierta para aplicar la prescripción.

De esta manera, ayer lunes, en un fallo dividido, la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Mauricio Silva, Mario Rojas y Jessica González, absolvió a ambos acusados al no configurarse el delito.

La resolución modifica la sentencia dictada en primera instancia por la ministra en visita Teresa Figueroa Chandía, quien había determinado la absolución de los acusados, pero aplicando la figura de la prescripción.

“Cabe ahora señalar que para la configuración del delito, los caudales o fondos malversados han de estar en poder del empleado público, pero por alguno de los tres títulos que se indican taxativamente en el artículo 233 del Código ya indicado: en depósito, instituto a que se refiere el artículo 2211 del Código Civil, en consignación, tratada en el artículo 1599 del mismo Código, o en secuestro, definido en el artículo 2249 del mismo texto legal. Y ocurre que en la especie, ninguno de estos títulos concurre, o al menos ello no quedó probado. Por ende, la conclusión a que se llega por esta Corte es que la investigación no fue suficiente, en términos de aclarar el título por el cual los dos procesados recibieron, en sendas cuentas, las cantidades de dinero que se han mencionado más arriba, y en tal eventualidad, no puede presumirse, como lo ha hecho la sentencia de primer grado, que correspondería a dineros previamente pagados por el Estado chileno en virtud de las negociaciones relativas a la compra de tanques. Y de ser así, ello conduciría inmediatamente a la imposibilidad de estimar concurrente el ilícito por el que se les acusó, pues tal circunstancia importa que los dineros, fondos o caudales no estaban en poder de los procesados en virtud de depósito, consignación o secuestro, únicos títulos que pueden llevar a la configuración de este tipo penal”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “En este escenario, esta Corte da por sentado, como único hecho probado, que los dos procesados recibieron, efectivamente, en sendas cuentas, sumas de dineros cercanas a los trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América cada uno de ellos. Pero no se les puede imputar autoría en el delito materia de la acusación, esto es, malversación de caudales públicos, por las razones ya dichas”.

“Se podría simplemente especular, en el sentido de plantear que la recepción de dineros por parte de los acusados, en el marco de una gran operación comercial llevada a cabo por el Ejército de Chile para la compra de tanques, esto es, material bélico, que eso fue lo que en verdad ocurrió, podría configurar un ilícito diverso, presumiblemente alguno de los referidos en los artículos 248 y siguientes del Código Penal, que trata de las diversas formas de cohecho. Más la indagación no discurrió por esa senda, sino por la que se ha explicado, equivocadamente”.

“Sin embargo, en virtud del principio de congruencia, el tribunal no podría sancionar a los procesados por un delito de tan diversa naturaleza de aquel que fue materia del auto de acusación y acusación particular. Dicho principio, como se sabe, tiene su raigambre en los artículos 274, especialmente su inciso final, 403, 424 y 541 N° 10, todos ellos del Código de Procedimiento Penal”.

“En efecto, imponer sanción por un delito diverso contrariaría las normas del debido proceso, desde que todas las actuaciones de las partes del juicio, tanto querellantes como reos, han girado en torno a la errada figura penal que se estimó concurrente en autos. Así ha ocurrido con la adhesión a la acusación, la acusación particular del Fisco de Chile, y desde luego y muy principalmente, las defensas de los procesados, todas las cuales se orientaron en el sentido del ilícito señalado. Por ende, calificar y sancionar por un delito diverso, produciría el efecto de privar de defensa jurídica a los acusados, puesto que éstos han de centrar sus argumentaciones precisamente en el ilícito que se les imputa en las acusaciones, y no en otro”.

La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra González, quien fue partidaria de revocar la decisión de primera instancia y condenar a los acusados por el delito de malversación de caudales públicos.

Fuente: Poder Judicial de Chile

Foto: El Mercurio

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