Juzgado de Garantía suspende proceso contra acusados del caso Tsunami.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó este jueves la suspensión del proceso en contra de los seis imputados del denominado “caso Tsunami”: Patricio Rosende Lynch (ex subsecretario de Interior), Carmen Fernández Gibbs (ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi), Johaziel Jamett Paz (ex Jefe del departamento de Alerta Temprana de la Onemi), Mariano Rojas Bustos (comandante de la Armada, ex director del Shoa), Mario Andina Medina (teniente 1° de la Armada, ex jefe de turno del Shoa) y Andrés Enríquez Olavarría  (capitán de corbeta, ex asesor técnico del Shoa). Esto luego de que la Fiscalía llegara a acuerdo con las defensas de los acusados.

De esta manera, la magistrada Carolina Gajardo Fontecilla acogió la solicitud al comprobar que se cumplen con todos los requisitos legales estipulados en artículo 237 del Código de Procesamiento Penal.

Las condiciones impuestas a los seis imputados y que deberán cumplir por un plazo de 18 meses, son las siguientes:

-Pagar a título de indemnización de perjuicios a favor de los representantes legales de las 104 víctimas contenidas en la acusación, respetándose el derecho de prelación contenido en el inciso segundo del artículo 108 del CPP; y para el caso que concurren más de un pariente en el mismo orden de prelación, se repartirá en partes iguales; y en el caso de víctimas que no cuenten con representante legal al tenor del artículo 108 ni se pueda determinar parientes en mérito de la posesión efectiva; la suma de dinero ira a favor del Cuerpo de Bomberos de la zona geográfica del acaecimiento del deceso, señalado en la acusación.

  • Patricio Rosende Lynch : $75.000.000 (en 3 cuotas)
  • Carmen Fernández Gibbs : $39.000.000 (en 3 cuotas)
  • Johaziel Jamett Paz  : $4.000.000 (en 3 cuotas)
  • Mario Andina Medina , Andrés Enríquez Olavarría  y Mariano Rojas Bustos : $39.000.000 (en 3 cuotas).

Además cada uno debió fijar domicilio e informar al Ministerio Público cualquier cambio; financiar y colaborar en la realización de un seminario, organizado por el Ministerio Público en conjunto con alguna institución de Educación Superior, para la determinación técnica de las causas del desastre ocurrido el 27 de febrero de 2010; debiendo los imputados pagar para su realización la suma total de $10.000.000. Monto dividido de la siguiente manera: el acusado Rosende $5 millones, y los restantes acusados 1 millón de pesos cada uno, dentro del plazo de 90 días de ejecutoriada la resolución que aprueba la suspensión, la que eventualmente podría ser realizada por la Universidad de Chile a raíz del convenio suscrito con el Ministerio Público, el primer semestre de 2017, remitiéndose a los acusados sus conclusiones, aclarando que estos no revisten la calidad de expositores.

Asimismo cada imputado debió realizar una declaración pública, a título personal, de reflexión sobre los hechos acaecidos el 27 de febrero de 2010, de acuerdo a la participación que tenía cada uno de los acusados, en mérito de la función que desempeñaban a dicha fecha. Declaraciones que fueron entregadas en la audiencia.

Fuente: Poder Judicial

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