Tras una denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por la periodista Pricilla Manzano Morales, la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo deberá asistir al taller de capacitación en respeto de los derechos fundamentales, tanto de los trabajadores como de las personas en general.
Según informó un medio de comunicación local, esa fue una de las sanciones que dispuso el Juzgado del Trabajo en el fallo dictado a favor de la funcionaria municipal que acusó “acoso laboral”. En su testimonio, la trabajadora denunció a la autoridad comunal de hostigamientos mediante intentos de traslado, el cual más tarde se concretó a las nuevas dependencias en la Casa de la Cultura, que, según la denunciante, no reunían las condiciones mínimas laborales. De acuerdo a lo expuesto por la funcionaria municipal con más de 30 años de servicio, el cambio de oficina se habría llevado a cabo bajo condiciones vejatorias, lo cual supuestamente quedó de manifiesto en un video captado por los propios funcionarios a cargo de realizar dicho traspaso. En ese lugar, un trabajador anónimo aseguró “haber puesto ratones y baratas” en la oficina de la periodista. A su vez, la profesional afirmó que tras concretarse el cambio habría acudido personalmente a la oficina de la alcaldesa, recibiendo una insólita bienvenida.“¡Sra. Pricilla! ¡Feliz Cumpleaños! Espero que tenga un muy buen día”, le habría dicho Karen Rojo al verla llegar. También narró que los hostigamientos habrían surgido a raíz del fracaso del contrato por un servicio de camionetas de seguridad ciudadana, el cual no era más que la copia de otro que ella misma había presentado un año antes, cuando estaba al mando de la dirección municipal del área.
Resolución
En este proceso la jueza habría considerado la mayoría de las pruebas presentadas por Manzano y concluyó que “la institución municipal vulneró su derecho a la integridad física y síquica, ocasionándole daño moral y emocional”. Asimismo, la magistrado consideró la existencia de “trato déspota” hacia la periodista, el cual habría sido referido no sólo por su jefatura, sino que también por el comportamiento del personal de inferior grado que participó en el traslado. Con todos los antecedentes, la jueza condenó al municipio al pago de una indemnización de $10 millones, a cancelar las costas del juicio y a dos “medidas reparatorias”: desarrollar un plan de información pública y capacitación sobre el respeto de los derechos fundamentales de funcionarios y personas en general (al cual debe asistir “personalmente” la alcaldesa), y la publicación íntegra de la sentencia (44 páginas) en todos los paneles que existan en las direcciones municipales.
La funcionaria afectada ingresó al servicio en 1980, desempeñándose como encargada de prensa, directora de Medio Ambiente, directora de Seguridad Pública y, a la fecha de la denuncia, directora comunal de Turismo y Cultura.
