Luego de conocerse la semana pasada que el coronel de la UDI, Jovino Novoa, reconoció frente a la justicia haber cometido delitos tributarios para así acogerse a beneficios, ha quedado en el aire las acciones que tomará la directiva del partido, la que había hablado en enero de posibles expulsiones.
Al explotar la arista política del caso Penta/SQM, la UDI se convirtió en el partido político que mas se ha visto afectado, esto pues varios de sus militantes elegidos por votación popular, resultaron imputados. Entre ellos, además de Jovino Novoa, están el ex alcalde Pablo Zalaquett, el senador Iván Moreira y el diputado Felipe De Mussy.
Fue el 1 de octubre de 2014 cuando Novoa afirmó ante los medios, respecto a las acusaciones del caso Penta, que “no existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI.” (T13)
Tres meses después, el 9 de enero 2015, la colectividad -mediante una declaración pública- pidió perdón a la ciudadanía por los hechos que envolvían a algunos de sus integrantes en el delito de financiamiento ilegal de campañas políticas. “Lamentamos lo ocurrido y nos disculpamos ante la ciudadanía por cualquier conducta individual de algunos de nuestros militantes que suponga alguna forma de financiamiento de forma irregular” y agregó que “asumimos con humildad y responsabilidad política las irregularidades que se han cometido”.
“Siempre actúo con la verdad y se debió exclusivamente a un error involuntario (…) Tampoco recibí recursos de Penta fuera del marco de la ley para la campaña política ni como persona natural, ni como sociedad que yo tenga participación” (Ena von Baer).
Cuatro días mas tarde, el 12 de enero, cuando la senadora Ena von Baer negó haber recibido dineros de Penta, pese a que si pidió aportes a los controladores, la directiva de la UDI llevó a cabo una reunión y allí, de acuerdo a La Tercera, en algunos integrantes hubo consenso en torno a que, una vez solicitadas las formalizaciones por parte de la fiscalía, se les pedirá a los afectados que congelen sus militancias. Además, si alguno llegase a ser condenado, sería expulsado.
Pues bien, el pasado 3 de noviembre, Jovino Novoa, uno de los fundadores de la tienda política, reconoció frente a los fiscales del Ministerio Público que cometió los delitos de emisión de boletas ideológicamente falsas y presentación de declaraciones de impuestos ideológicamente falsas, por unos $30 millones de pesos. Y el viernes 27 de noviembre se hizo público al reconocer estos hechos durante el juicio abreviado en su contra.
Tras ello, la directiva de la UDI ha guardado silencio y algunos militantes dijeron que no declararan nada mientras no vean el fallo condenatorio, el cual será leído el próximo 2 de diciembre. Pero pareciera ser que para la “Unión de Demócratas Independientes”, las acciones de Novoa no constituirían delito.
Esto, luego que el vicepresidente de la colectividad, Edmundo Eluchans, le señalara a Cambio 21 que “entiendo que lo que se hace en estos casos es que el acusado reconoce los hechos y no necesariamente que estos constituyan delito, por eso quiero ver el fallo, quiero leerlo”.
Y en CNN Chile, la senadora Jacqueline van Rysselberghe argumentara que hace un tiempo atrás el financiamiento ilegal era considerado “faltas” no “delitos”. “Yo en lo personal, creo que puede haber algún tipo de sanción, pero menor. Yo le tengo un cariño y una gratitud enorme a Jovino, creo que ha dado muchísimo no solo por la UDI, sino por Chile.”
Foto principal: 24 Horas
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