Los millonarios negocios del administrador de La Moneda con el Estado.

Cristián Gonzalo Riquelme Urra no solo ha estado a cargo de las cuentas de la Presidencia en los dos gobierno de Michelle Bachelet, sino que durante la última campaña administró la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada para manejar el gasto electoral. Su nombre cayó en el escrutinio público cuando en medio del caso Caval, en abril de 2015, recibió en La Moneda al ex operador de la UDI Juan Díaz, quien le solicitó que hiciera gestiones para que la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, le pagara una deuda.

En una nueva investigación de CIPER Chile se da cuenta de las dos empresas que formó Riquelme, en que ambas registran millonarios contratos con el Fisco entre 2013 y 2015. En total, acumulan pagos por $417 millones en 39 órdenes de compra, la gran mayoría por servicios prestados al sistema de salud pública durante este gobierno.

El ingeniero ya no figura como socio en estas compañías, pues las dejó en manos de su mujer, un conocido y un ex socio. En Comercial A y R (que utiliza como nombre de fantasía Socoar), su cónyuge Ada Álvarez, trabajadora social, aparece con el 65% de las acciones, mientras que el otro 35% está en manos de David Arévalo Lucabech, quien fuera jefe de adquisiciones de la Presidencia en el anterior gobierno de Bachelet, es decir, cuando Riquelme era su jefe directo. En el caso de Greentec, la segunda sociedad que figura con pagos desde el Estado, Riquelme intentó traspasar sus acciones a su esposa, pero la transacción era ilegal y debió ser anulada seis meses después. La participación terminó en manos del otro socio, Julio Campos Quintana.

 

Comercial A y R o Socoar

Fue constituida el 5 de julio de 2010 por Cristián Riquelme y su esposa, con un capital de $3 millones, cifra que completaron en partes iguales, por lo que cada uno se quedó con el 50% de las acciones. Ambos también quedaron a cargo de la administración y la representación legal de la firma. Y aunque al momento de la constitución su objeto fue amplio (representación de firmas nacionales o extranjeras y comercialización de bienes muebles e inmuebles), en la práctica se han dedicado a la venta de infraestructura médica. Según la información que entregaron en la Expo Hospital que se realizó en 2015, tienen la representación de la empresa radicada en Miami Advanced Instrumentations.

Riquelme permaneció como socio de A y R hasta varios meses después de haber vuelto a La Moneda, el 11 de marzo de 2014. El 30 de septiembre de ese año se produjo el primer cambio societario de la compañía desde su creación. Le vendió sus acciones a su padre, José Miguel Riquelme Sanhueza, por $1,5 millones. Más de un año después, el 13 de noviembre de 2015, la sociedad sufrió una nueva modificación. Esta vez el padre de Cristián Riquelme vendió su participación en la sociedad y traspasó el 15% a Ada Álvarez (su nuera, que quedó con el 65%) por $500 mil, y el restante 35% a David Arévalo Lucabech -ex jefe de Adquisiciones de la Presidencia- por $1 millón. La escritura, alojada en la Notaría de Sergio Carmona, establece que a partir de esa fecha David Arévalo se transforma en el representante legal de la sociedad.

Durante el 2015, la firma obtuvo 27 contratos con organismos públicos por $188 millones. De éstos, 22 se los adjudicó gracias a un “convenio marco”, por un total de $142 millones.

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El primer beneficio lo obtuvo en enero de 2015, cuando el Hospital Augusto Essmann Burgos, ubicado en la comuna de Puerto Natales, le transfirió $1,2 millones por 20 sillas de ruedas estándar. Hasta abril de 2015, la empresa continuó proveyendo de sillas de ruedas a organismos como el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y el Sence. Las sillas estándar no son caras ($59 mil cada unidad), por lo que las mayores transferencias de dinero no se ubicaron en este periodo.

Ya el 9 de junio de 2015 aparecen pagos mayores. Ese día el Hospital Claudio Vicuña firmó una orden de compra de $9,2 millones por cinco catres clínicos eléctricos. El 4 de noviembre del mismo año el Servicio de Salud de Iquique transfirió otros $8,3 millones por 40 veladores para pacientes. De ahí en adelante se incrementaron los pagos. El mismo 4 de noviembre el Hospital San José emitió dos órdenes de compra por un total de $88 millones por 20 catres clínicos.

El Hospital San Juan de Dios de Los Andes pagó $11 millones el 23 de noviembre del año pasado por seis catres clínicos, mientras que el Hospital de Valdivia canceló otros $14,6 millones el 7 de diciembre por el arriendo durante un mes de siete monitores de signos vitales (revise la totalidad de las órdenes de compra emitidas por organismos públicos a Comercial A y R).

 

Greentec

La sociedad Greentec Proyectos de Ingeniería y Mantención Industrial Limitada fue constituida el 18 de diciembre de 2010 por amigos cercanos que formaban parte de la llamada G-90, la generación de militantes PPD que adquirió poder en el aparato público de la mano de Rodrigo Peñailillo, su líder, cuando éste llegó al Ministerio del Interior en marzo de 2014. Antes se habían fogueado en cargos de asesores durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2000-2010).

En la constitución de Greentec participaron Cristián Riquelme, Flavio Candia Gallardo (jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de Interior durante la gestión de Peñailillo), y Julio Campos Quintana (quien estudió ingeniería en la Universidad del Bio Bio, a la que también asistieron Riquelme y Peñailillo). El domicilio legal se estableció en un departamento de Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas, que es el domicilio personal de Riquelme.

En total, Greentec ha recibido $228 millones desde el Fisco, y de ese total la inmensa mayoría proviene del Hospital Roberto del Río. Antes de que Riquelme y compañía aterrizaran en La Moneda se produjeron dos pagos por un total de $141 millones. El resto se canceló cuando ya ocupaba su cargo en la administración bacheletista.

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El mismo día que Michelle Bachelet volvió a la Presidencia, el 11 de marzo de 2014, Cristián Riquelme quiso retirarse de Greentec. Hizo un movimiento errático, ya que primero intentó vender su 34% de las acciones a su mujer, Ada Álvarez, por $300 mil. Sin embargo, la ley se lo impedía. El artículo 1.796 del Código Civil señala que “es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente”, por lo que tuvo que anular esa operación y seis meses después, el 24 de septiembre, transferir sus acciones a Julio Campos, el otro socio. De esta forma, Campos quedó con el 67% de las acciones y Rocío Manzanares con el restante 33%.

Durante ese periodo, entre que trató de venderle a su esposa y terminó vendiendo a Campos, Greentec prestó servicios por $39 millones al Estado.

 

Fuente: CIPER Chile

Foto: El Mostrador

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