Manuel Contreras y 5 ex DINA reciben condena de 15 años por desaparición de tres personas en 1976.

El ministro Leopoldo Llanos Sagristá dictó condena contra de seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de José Corvalán Valencia (46), Jorge Salgado Salinas (43) y Pedro Silva Bustos (39), ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976. Víctimas que estuvieron detenidas en el centro de detención clandestina “Villa Grimaldi”.

Los agentes condenados a penas de 15 años y un día de presidio como autores de los tres delitos son:

  • Manuel Contreras Sepúlveda
  • Pedro Espinoza Bravo
  • Carlos López Tapia
  • Rolf Wenderoth Pozo
  • Ricardo Lawrence Mires
  • Juan Morales Salgado

En tanto, el agente Marcelo Moren Brito fue absuelto.

En este caso, el ministro Llanos logró determinar la siguiente secuencia de hechos:

-“A ‘Villa Grimaldi’ fueron llevados en calidad de detenidos las siguientes personas:

1.- José Enrique Corvalán Valencia; casado, seis hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, alrededor de las 10:00 horas en el domicilio ubicado en calle Ayacara N° 8523 Población San Ramón, La Granja trasladado hasta la Villa Grimaldi.

2.- Jorge Orosmán Salgado Salinas; casado, cinco hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador, junto a Pedro Silva.

3.- Pedro Silva Bustos; casado, seis hijos, dirigente sindical, y dirigente regional del Partido Comunista y miembro de la comisión de organización del comité central del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador.

Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción”.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización total de $700.000.000 (setecientos millones de pesos) a familiares de las víctimas que presentaron demandas.

Fuente: Poder Judicial de Chile

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