Proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo: de qué se trata?

La Presidenta Bachelet, en el marco del cumplimiento de las metas de su programa comprometido, anunció el 21 de mayo de 2014, en su cuenta pública en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales y solicitó al Congreso Nacional llevar adelante una discusión madura e informada.

Fue así como en enero de 2015 envió el Mensaje 1230 que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales específicas:

  • Riesgo de muerte de la madre
  • Inviabilidad  Fetal
  • Violación

El Proyecto de ley se hace cargo  de ciertas experiencias de vida críticas,  cuando se debe interrumpir un embarazo por riesgo de muerte de la madre,  cuando el feto o embrión padezca alguna alteración estructural genética o congénita incompatible con la vida extrauterina o,  cuando el embarazo es producto de una  violación. Parte de la base, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no sólo la condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen. Por esta razón nuestra Constitución Política se ocupa de consagrar el derecho a la Vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas e impone a la ley  el deber de proteger la vida del que está por nacer.

Junto con ello, el Estado debe equilibrar esos mandatos con aquellas situaciones que pueden afectar la vida, la salud, los derechos  y, en definitiva la dignidad de las mujeres en ciertas situaciones que conllevan la obligación de regular la interrupción del embarazo. 

La normativa vigente sobre interrupción del embarazo que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones  y sitúa a nuestro país como uno de los cuatro países en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades, además de El Vaticano:  Chile, Nicaragua, el Salvador y Malta.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

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La interrupción del embarazo fue permitida desde la 1930 y se consideraba como una política de salubridad pública. Presidente como FREI MONTALVA y SALVADOR ALLENDE la apoyaron

La Primera causal,  riesgo de muerte de la madre está basada en estadísticas entre 2001 y 2012 que hablan de 395.905 casos de aborto hospitalarios antes de 22 semanas de gestación (39.992 casos promedio por año)

Asociados a la causal de riesgo de muerte de la madre, podemos mencionar que sólo en 2012 fallecieron 54 mujeres a nivel nacional. De ellas, un 40% de las muertes presentaban patología médica concomitantes: Insuficiencia hepática, ductus arterioso persistente, hígado graso, tormenta tiroidea, Insuficiencia Respiratoria Aguda, cario carcinoma metastásico, cardiopatías.

El 22, 5% presentó condiciones clínicas como pre eclampsia severa,  eclampsia, H.E.L.L.P, de las cuáles un porcentaje mayor pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo para resguardar su vida.

Luego, en la segunda causal que trata el Proyecto la estimación de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en nuestro país, asumiendo un número de partos anuales de 250.000, sería alrededor de 500 caso anuales, según prevalencias por patologías.

Entre 2004 y 2012 mostró un promedio de 465 casos/ año de niños menores de 28 días de vida que fallecen por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

Finalmente, en relación a los casos de embarazos secundarios originados por casos de violencia sexual, no existen datos que permitan dimensionar la magnitud de esta situación.

En efecto, al intentar estimar los embarazos a partir de los casos de delitos sexuales encontramos que no existen registros estadísticos integrados.

Sí, además, se considera que no todos los delitos sexuales son denunciados, no es posible tener una cifra de casos efectivos. A esto se debe agregar  que la probabilidad de que una mujer quede embarazada producto de una violación es de aproximadamente un 10%

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PROYECTO DE LEY

Se sustituye el art. 119 del Código Sanitario que actualmente dice que “NO PODRÁ EJECUTARSE NINGUNA ACCIÓN CUYO FIN SEA PROVOCAR UN ABORTO”, por:

Art. 119 propuesto:

Mediando la voluntad de la mujer un médico cirujano se encuentra autorizado para interrumpir el embarazo cuando:


1.- La mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida

2.- El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

3.- Es resultado de una violación , en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurridos más de doce semanas de gestación. Tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurridos más de 18 semanas de gestación.

 

 

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La mujer debe expresar, en cualquiera de los casos, de forma  expresa, previa y por escrito, su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no es posible, se aplica el art. 15 de la ley 20584 que, en caso de que la paciente esté en peligro de muerte y no pueda expresar su voluntad  ni ella ni su representante legal,  puede ser intervenida sin este requisito.

En el caso de menores de 14 años, además de su voluntad expresa, debe contar con la autorización de su Representante Legal o uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno. A falta de autorización, la menor puede ser asistida por un miembro del equipo de salud y solicitar la intervención de un Tribunal de Familia competente que constate la ocurrencia de la causal, sin forma de juicio y verbalmente, el Tribunal dará resolución en un plazo no superior a 48 horas siguientes, con los antecedentes que presente el equipo de salud y oyendo a la menor y, si fuere necesario, al integrante que la asista.

Si a juicio del médico cirujano existieren antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará para la menor de 14 años, riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará al Tribunal de Familia una autorización sustitutiva, el que deberá pronunciar en un plazo de 48 horas.

La mayor  de 14 años y menor de 18 podrá manifestar por sí, su voluntad de interrumpir su embarazo. Su representante legal o uno de ellos, deberá ser informado de sus decisión. A falta de este, o si existieren antecedentes para informar que dicha comunicación  generará para la menor  riesgos señalados anteriormente, la menor deberá designar otro adulto que será informado.

El prestador de salud tendrá obligación de entregar a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica, así como información escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo las de programas de apoyo social y económico disponible. En ningún caso esta información estará destinada a influir en la decisión de la mujer.

Art 119 bis:

Para realizar intervención en casos de peligro de muerte de la madre e inviabilidad fetal, se debe contar con un diagnóstico escrito de un médico cirujano y una ratificación del diagnóstico por otro médico cirujano en forma escrita y previa. 

Podrá prescindirse de dicha ratificación si se requiere una intervención médica  inmediata e impostergable. Tratándose de embarazos ectópicos no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.

En casos de violaciones, se conformará un equipo médico específicamente para estos efectos, los que deberán evaluar e informar la concurrencia de los hechos que la constituyen. En el cumplimiento de su cometido, este equipo de salud deberá garantizar un trato digno y respetuoso a la mujer.

Arti 119 ter.

Un médico puede manifestar su objeción de conciencia para practicar intervenciones de este tipo, siempre que haya manifestado esta opción previamente al Director del Hospital y por escrito. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico cirujano o derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción.

El médico que sea requerido para realizar este tipo de intervenciones y que haya manifestado previamente su objeción de conciencia, si es requerido para ello, deberá informar de inmediato al Director que la mujer requiriente debe ser derivada.

Si la mujer requiere atención médica inmediata e impostergable y no existe otro médico cirujano para efectuarla, quien haya manifestado su objeción de conciencia no podrá excusarse.

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL:

En el artículo 344 que dice: 

“La mujer que causare aborto o consintiere que otra persona se la cause incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio”

se agrega el siguiente inciso tercero nuevo:

No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el  artículo 119 del código sanitario.

En el artículo 345 del mismo  Código Penal, en donde dice:

El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado

se agrega el siguiente inciso segundo, nuevo:

No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el  artículo 119 del código sanitario.

MODIFICACIONES AL CODIGO PROCESAL PENAL:

Se agrega en el artículo 175, letra d:

Estarán obligados a denunciar

d) Jefes de Establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares, profesionales de la salud y los que ejercen prestaciones auxiliares en ellas, que notaren en personas o cadáveres señales de envenenamiento o de otro delito, con excepción del delito establecido en el artículo 344 del código penal, respecto del cuál primar el deber de confidencialidad y…”

Se agrega en el artículo 200:

Toda persona a cuyo cargo se encontrare un hospital u otro establecimiento de salud semejante, fuere público o privado, dará en el acto cuenta al fiscal de la entrada de cualquier individuo que tuviere lesiones corporales de significación, indicando brevemente el estado del paciente y la exposición que hicieren la o las personas que lo hubieren conducido acerca del origen de dichas lesiones y del lugar y estado en que se le hubiere encontrado con excepción del delito establecido en el artículo 344 del código penal, respecto del cual prima el deber de confidencialidad. La denuncia deberá consignar el estado del paciente, describir los signos externos de las lesiones e incluir las exposiciones que hicieren el afectado o las personas que lo hubieren conducido.
En ausencia del jefe del establecimiento, dará cuenta el que lo subrogare en el momento del ingreso del lesionado.
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo se castigará con la pena que prevé el artículo 494 del Código Penal.

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