Hoy hace 34 años fue asesinado brutalmente por la DINE el líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro

En febrero de 1982, un grupo operativo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) disparó cinco veces en la cabeza y luego degolló al líder sindical Tucapel Jiménez. El dirigente se había convertido en una amenaza para el régimen por su capacidad movilizadora, sus acercamientos al general Gustavo Leigh y sus poderosos aliados en Estados Unidos.

A continuación, un extracto de los casos de la Vicaría: “El miedo a Tucapel“, por Alejandra Matus.

Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, elegido presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales en forma ininterrumpida desde 1963, era un hombre de carácter fuerte y a la vez simpático y campechano. Un gran articulador, capaz de dialogar con moros y cristianos. Como dirigente, se peleó con Eduardo Frei Montalva y con Salvador Allende en sus respectivos gobiernos. Sus críticas a la Unidad Popular casi le cuestan la expulsión del Partido Radical. Partió apoyando el golpe de Estado, pues creyó en las promesas que se le hicieron de mejorar la condición de los empleados públicos, pero en cuanto el modelo económico adoptado por el régimen comenzó a golpear a sus representados se tornó en contra. Un mes después de la muerte de Frei Montalva, este hombre que no era ni marxista ni opositor clandestino fue asesinado. ¿Por qué?

Jiménez empezó a trabajar a los dieciséis años cargando sacos en lavaderos de oro. En 1944 entró al servicio público y pronto se convirtió en dirigente. Sin embargo, nunca dejó de cumplir con sus labores por atender sus responsabilidades como sindicalista. “Mi papá era dirigente solo después de las cinco de la tarde y durante las vacaciones. Nunca en horario de trabajo”, recuerda su hijo, el diputado Tucapel Jiménez Fuentes (PPD).

Era un hombre austero a quien su mujer, Haydeé Fuentes Salinas, le cosía la ropa. “En los tiempos de la dictadura debe haber ganado unos 700 u 800 mil pesos de hoy, pero no lucían, porque era muy desprendido. Recuerdo que un día regaló mi bicicleta a un niño que no tenía, y cuando protesté me dijo: “Pero, hijo, si a ti te puedo comprar otra”. “Ya, pero cuándo”, me quejaba yo”, relata Jiménez Fuentes.

El sindicalismo chileno había sido duramente castigado por la represión y las organizaciones subsistentes estaban divididas, entre otros asuntos, respecto de si aceptar en ellas la participación de dirigentes comunistas. Sin declararse derechamente opositor al régimen, Tucapel Jiménez comenzó por criticar los despidos, las rebajas de sueldo en el sector público y la indiferencia de las autoridades a sus planteamientos.

En 1975 creó el Grupo de los Diez, una coordinadora de organizaciones sindicales que comenzó a demandar cambios en las políticas económicas y laborales del régimen. Se vinculó con la poderosa AFL-CIO, organización sindical estadounidense que era la rival de la entidad patrocinada por la Unión Soviética, y por esa razón un sector del sindicalismo lo consideraba un aliado del imperialismo. Pero Estados Unidos dejó de ser incondicional a la dictadura, especialmente a partir de 1976, el año en que Orlando Letelier fue asesinado en Washington DC y en que el demócrata Jimmy Carter fue electo presidente de ese país.

En 1976 el ministro del Trabajo, general del aire Nicolás Díaz Estrada, fue reemplazado por Sergio Fernández y las diferencias de Jiménez con el régimen se acentuaron.

En 1979, Tucapel Jiménez planeó un boicot a las exportaciones de productos chilenos, por ser producidos en una dictadura que no respetaba derechos laborales mínimos como la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. El presidente de la multisindical AFL-CIO, George Meany, quien lo apoyaba, tenía el poder para instruir a sus asociados para que no descargaran los productos al llegar a los puertos norteamericanos. Así, los jerarcas del régimen militar temieron que la protesta tuviera éxito.

El hijo del sindicalista chileno cuenta que todas las semanas recibían amenazas telefónicas en su casa. Una de las que recuerda más nítidamente se refería al boicot: “Yo tomé el teléfono y una persona me dijo: ‘Si el boicot se produce, están todos ustedes condenados a muerte’ “.

En enero de 1980, Tucapel Jiménez fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Carter. Sin embargo, los vientos se volverían en su contra porque Carter perdió la reelección en noviembre de 1981 frente a Ronald Reagan. La llegada del republicano significó la intensificación de la represión en Chile, según afirma el abogado Roberto Garretón en El libro negro de la justicia chilena.

El 17 de febrero de 1982, Jiménez volvió a la carga haciendo un llamado a todas las organizaciones sindicales para que se unieran en un solo frente para luchar contra el modelo económico. Creía que “esta idea fructificaría y que la unidad sindical nacional sería una realidad de aquí a fines de marzo”, según la cita recogida en el fallo del juez Muñoz. La prensa de la época tachó el llamado de Jiménez como un intento de revivir la CUT. “Detrás del llamado de unidad gremial está la mano comunista”, decía La Nación.

El propio Pinochet hizo pública su molestia. El 21 de febrero de 1982, apenas unos días antes del crimen, dijo en Calbuco: “Lógicamente, cuando hay estas pequeñas acciones negativas momentáneas, aparecen los de siempre. Aparecen los negativos de siempre y a ellos les mando hoy este mensaje: el Gobierno tolera muchas cosas, pero jamás va a tolerar volver atrás. Jamás va a tolerar que algunos enquistados estén actuando en forma negativa y tratando de sembrar la cizaña en las mentes de los trabajadores. Por ello, me atrevo a decir a aquellos que están en estos momentos realizando acciones contrarias al Gobierno: mucho cuidado, señores, porque también ustedes pueden salir fuera del país”.

El 23 de febrero de 1982, Jiménez acudió a cenar a la casa de Jorge Ovalle, un abogado radical amigo suyo y, al mismo tiempo, asesor del ex-comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, otro de los invitados a la comida.

Leigh había caído en desgracia en 1978, luego de una larga pugna de poder con Pinochet y de un fallido plan del aviador para derrocarlo. Cuando fue destituido de la jefatura de la FACH y obligado a abandonar la Junta Militar, el cuerpo completo de generales del aire renunció con él, a excepción de Fernando Matthei, quien lo sucedió como comandante en jefe. Esa fue una victoria esencial para que Pinochet tomara el control total del régimen, sin contrapesos.

“La idea de mi papá era sumar a Leigh al movimiento social opositor, porque ya había salido de la Junta. Cuando terminaron la cena, y salieron a la calle, Leigh apuntó a unos autos que había estacionados allí y le dijo a mi papá: ‘Tucapel, te están siguiendo’ ” , relata el diputado Jiménez. Entrevistado en marzo de 1982, a propósito de sus encuentros con el sindicalista, Leigh afirmó al vespertino La Segunda que siempre estuvieron bajo la vigilancia de la CNI.

Pese a las reticencias de sus amigos, Tucapel Jiménez había tenido más de un encuentro con Leigh. En la víspera del crimen, acudió a la cena en la casa de Ovalle acompañado del vicepresidente de la ANEF, Hernol Flores.

En el libro Chile, la Memoria Prohibida se relata que esa noche los comensales hablaron de política y criticaron el sistema económico, aquejado de síntomas de recesión. “Se habló de la necesidad de que las autoridades de gobierno enmendaran rumbos”.

Un automóvil que había seguido a Jiménez permaneció durante toda la cena esperando a que saliera, y sus ocupantes no se intimidaron al saberse descubiertos por los comensales. Hernol Flores se ofreció a acompañar a Jiménez de regreso a casa, alarmado por el seguimiento tan ostensible, pero el dirigente declinó el ofrecimiento. “Son mis guardaespaldas”, le dijo.

En el verano de 1982, Jiménez conducía un taxi que había adquirido apenas meses antes, con el pago de la indemnización tras ser despedido de la DIRINCO.

“Nosotros sabíamos que lo seguían. Recibíamos amenazas en la casa todas las semanas. Mi mamá vivía desvelada. Escuchaba un ruido y pensaba que nos habían puesto una bomba”, relata el diputado Jiménez. “Cuando mi papá llegaba y nos veía asustados, le bajaba el perfil. ‘Quién los va a querer matar a ustedes’, nos decía, y yo me tranquilizaba.”

En el proceso por el caso Tucapel quedó establecido que el régimen militar creó, entre otros, un servicio destinado a regular la actividad gremial y sindical, que llamó la Secretaría Nacional de los Gremios. Como la Secretaría Nacional de la Mujer y la Secretaría Nacional de la Juventud, era uno de los departamentos de la Dirección de Organizaciones Civiles, dependiente en ese momento del subsecretario general de Gobierno, Jovino Novoa.

“Dicha repartición tenía entre sus funciones formar dirigentes sindicales que representaran las ideas del gobierno, como, además, tenía vinculaciones con diferentes instituciones o grupos que sustentaban posiciones proclives al régimen, de los cuales formaban parte algunos de sus funcionarios, entre ellos, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (M. R. N. S.)”, dice el fallo del ministro Muñoz.

Misael Galleguillos, el encargado de la Secretaría Nacional de los Gremios, quien había ayudado a crear el MRNS, recopilaba información sobre Tucapel Jiménez, entre otros dirigentes, y se los pasaba a la Brigada Laboral de la CNI, a cargo de Álvaro Corbalán. Más tarde, la CNI compartía los datos que reunía con los demás servicios de inteligencia, entre ellos la DINE, en las reuniones periódicas que se sostenían en la llamada Comunidad de Inteligencia.

Según los antecedentes recopilados por el juez Muñoz, la prominencia y el riesgo que se le atribuía a las conductas de Jiménez llevaron a la CNI a registrar todos sus movimientos, “levantándosele y acostándosele”. De esta manera determinaron dónde vivía, los lugares que visitaba y los recorridos que hacía. Confeccionaron una carpeta con sus principales antecedentes, incluyendo a su grupo familiar y a las personas que frecuentaba, interceptaron los aparatos de teléfono en su casa y en la ANEF, y grabaron y analizaron sus conversaciones.

Además, la CNI reclutó a Julio Oliva, el junior de la ANEF, para que informara sobre todas los planes, actividades y reuniones de Jiménez. En una ocasión, Valericio Orrego, un dirigente del Ministerio de Obras Públicas que participaba en la Secretaría Nacional de los Gremios, se infiltró en una reunión del Grupo de los Diez con una grabadora adosada al cuerpo, pero la máquina empezó a hacer ruido, lo delató y tuvo que huir.

Tucapel era seguido tan abierta y ostentosamente que cuando llegaba a su casa se acercaba al auto de sus celadores y se despedía: “Muchas gracias por venir a dejarme”.

El 25 de febrero de 1982, a las 9:30 de la mañana, Tucapel Jiménez salió de su casa como todos los días rumbo a la ANEF. Manuel Bustos, entonces presidente de la Coordinadora Nacional Sindical, lo esperaba para una reunión en que se trataría el tema de la reunificación del movimiento. Tucapel se sentía optimista porque estaba seguro de que conseguiría reunir en una misma organización desde democratacristianos a comunistas.

“Mi papá era muy ordenado y muy puntual. Nunca se hubiera detenido a recoger pasajeros sabiendo que Bustos lo esperaba. Si lo hizo fue porque vio a alguien conocido”, dice el diputado Jiménez.

Ese alguien era el carabinero en retiro Luis Pino Moreno, casado con una prima suya. “Él fue despedido de la institución porque tuvo un desliz sentimental y su amante se quitó al vida en el cerro Santa Lucía. Lo habían llamado a retiro en diciembre. Desde entonces, iba todos los días a la casa, a pedir ayuda. Hasta que llegó febrero y no fue más. Después de la muerte de mi papá, en una fiesta familiar, se emborrachó y le pidió perdón a mi madre, le dijo que lo que había hecho lo hizo por su mujer y su hija”.

Gracias al servicio prestado por Pino, tres hombres que descendieron de otro taxi se subieron al vehículo de Tucapel Jiménez y lo obligaron a conducir a punta de cañón hasta un sector apartado camino a Lampa. Uno de ellos le dio cinco disparos en la nuca y otro le cercenó el cuello para rematarlo. Los hombres esperaron a que exhalara el último aliento de vida, sacaron el taxímetro y una peineta verde para simular un robo, subieron los vidrios del vehículo para acelerar la descomposición del cuerpo y se marcharon.

De inmediato la información oficial habló de un asalto común. Así también lo consignó parte de la prensa de la época. “Pienso que no es un asesinato político. Creo que es delictual, pero la verdad es que no voy a hacer ninguna declaración”, decía el director de la CNI, general de Ejército Humberto Gordon, a La Tercera del 27 de febrero.

Un año y casi cinco meses después, el 11 de julio de 1983, un comando de la CNI –al que se integró el mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez– secuestró y mató al carpintero Juan Alegría Mundaca, un hombre solitario y sin vinculaciones políticas, para encubrir el crimen del dirigente: lo obligaron a escribir una carta inculpándose por el asesinato del sindicalista e hicieron aparecer su muerte como un suicidio.

En el momento, sin embargo, las sospechas de la familia y de toda la dirigencia sindical cayeron de inmediato sobre los servicios secretos. No obstante, el ministro en visita nombrado para investigar, Sergio Valenzuela Patiño, llegó a la conclusión de que no era posible encontrar a los culpables y sobreseyó el caso.

Tras fallidos intentos del hijo de Tucapel, la Corte Suprema  finalmente lo escuchó en 1988 y el caso fue asignado al juez Sergio Muñoz, quien en tres años logró esclarecer los hechos. El asesinato no fue cometido, como se pensaba, por la CNI, sino por la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE. La acción recibió el nombre nada eufemístico de “Operación especial de inteligencia destinada a la eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro”, y fue encargada al mayor Carlos Herrera Jiménez, el autor de los disparos. Lo acompañaron Manuel Contreras Donaire, quien remató al dirigente degollándolo, y Miguel Letelier. Las armas usadas las proporcionó el Ejército.

Las órdenes las dio el director de la DINE, Ramsés Alvarez. El comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, Víctor Raúl Pinto Pérez, supervisó la operación y proporcionó el apoyo logístico.

“Concluida la denominada operación especial de inteligencia de eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro, las personas que participaron en su ejecución material se trasladaron hasta el cuartel militar ubicado en calle García Reyes N° 12 de la Comuna de Santiago, en donde el oficial se presentó ante el Comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, y su superior directo le expresó haber ejecutado el hecho planificado, esto es la eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro, y le hizo entrega de las armas de fuego y cortante que le proporcionara para realizar la acción, como, además, de las especies y documentos retirados al perpetrar el delito”.

El personal involucrado recibió anotaciones de mérito en sus hojas de vida y recompensas económicas.

En la sentencia final, en 2002, Muñoz condenó a doce personas, entre las que incluyó, además de a los autores materiales y a sus superiores, a los cómplices y al general en servicio activo Hernán Ramírez Hald, al exfiscal Fernando Torres Silva y a su mano derecha, el coronel Enrique Ibarra, como encubridores, por sus incansables esfuerzos por estropear la investigación judicial.

Herrera Jiménez en 1999 pidió perdón a la familia del dirigente sindical.

Torres e Ibarra recibieron 800 y 540 días de pena remitida, respectivamente. Contreras Donaire, el hombre que cercenó el cuello de Tucapel Jiménez, obtuvo un beneficio carcelario durante el Gobierno de Ricardo Lagos tras completar poco más de dos años de una condena de seis. Miguel Letelier también está libre tras cumplir su sentencia. Solo Herrera Jiménez, el autor de los disparos, continúa cumpliendo su pena de presidio perpetuo.

Para su hijo, “una de las revelaciones más dolorosas para nosotros como familia fue saber que el junior de la ANEF, Julio Olivares, entregaba información a la CNI sobre mi padre. Él era hijo de una amiga y vecina de mi mamá, que vino a pedir ayuda para su hijo cesante. En 1974 lo contrataron en la ANEF, pero como no había plata para pagarle mi papá ponía una parte de su sueldo, e hizo que otros dirigentes hicieran lo mismo para hacerle un salario”.

Julio Olivares estuvo procesado, pero no fue condenado. En la causa quedó establecido que fue reclutado por la CNI en 1976 y que siguió prestando servicios por lo menos hasta 1984, mucho después de la muerte del sindicalista.

En el proceso quedó sin aclarar el asesinato de René Bazoa Alarcón, un exmilitante comunista que se convirtió en colaborador de los servicios de seguridad y que era informante del agente del Comando Conjunto Roberto Fuentes Morrison, «el Wally». Bazoa trabajaba en la armería desde donde se incautó el arma no inscrita que se usó para asesinar a Tucapel Jiménez, y reconoció a dos de los sujetos que lo hicieron. Sabía que pertenecían a la DINE. Fue asesinado a tiros en la calle, en marzo de 1982.

Sin culpables quedó también la detención de la familia completa de una mujer que había tenido un hijo del sindicalista, detención ordenada por el ministro del Interior, Sergio Fernández. Los hermanos y el padre de la mujer fueron torturados intentando que confesaran que habían asesinado a Tucapel Jiménez para vengar el honor de su hermana. Fueron liberados sin cargos.

El abogado del caso, Jorge Mario Saavedra, asevera que quizás el aspecto más relevante que quedó al margen de la sentencia final fue establecer la responsabilidad de Pinochet en dar la orden de eliminar a Tucapel Jiménez al director de la DINE. Antecedentes abundan en el proceso, pero Saavedra revela que él, como abogado, por un criterio práctico, consideró necesario conseguir primero las condenas contra los demás involucrados, pues los juicios que habían incluido el nombre del dictador se entrampaban en recursos en los tribunales superiores y en recusaciones a los jueces que lo intentaron.

El diputado Jiménez no duda de que Pinochet en persona dio la orden a la DINE: “No es casualidad que a Frei lo mataran un mes antes que a mi padre. En un mes, Pinochet se deshizo de los dos actores principales de la oposición”.

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