El Gobierno y el Ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, anunciaron con bombos y platillos una ley que vendría a “nivelar la cancha” en nuestras cuentas de electricidad, que están dentro de las más caras de la región. Sin embargo, en lugar de atacar problemas de fondo, como el cobro por corte y reposición, se optó por esparcir el problema a los demás ciudadanos, cargando en sus cuentas los problemas que corresponden a otros clientes.
Era una iniciativa prometedora, que en teoría buscaría reducir los costos de nuestras cuentas y nivelarnos con el resto de los países de la región, que pagan mucho menos por el servicio. Sin embargo, nos encontramos finalmente con una iniciativa que solo buscó cuidar el negocio a las distribuidoras y cargar la problemática a la ciudadanía.
1) Corte y Reposición.
De acuerdo a lo establecido por el D.S. 327/1997, del Ministerio de Minería, “Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos”, la compañía distribuidora solo podrá cortar el suministro eléctrico 40 días después de la fecha de vencimiento de la primera boleta que se encuentre impaga. Una vez que ese plazo se cumple, procede al corte de suministro en el domicilio y cobra por ello alrededor de $ 12.000. Hasta antes de la entrada en vigencia de la ley de Equidad Tarifaria, ese pago era de responsabilidad de cada cliente.
Ahora, con la nueva Ley de Equidad Tarifaria, bastará con cancelar la cuenta pendiente para que el servicio sea reanudado, pero se nos cargará a todos los clientes del país los montos asociados a cortes y reposiciones, con lo cual nuestras cuentas evidentemente subirán. Además, se fomentará como costumbre el dejar el pago para el momento en que el servicio sea interrumpido, ya que no existirá ninguna presión adicional (dada anteriormente por el cobro del corte y reposición) para hacerlo.
En consecuencia, el gobierno en lugar de intentar disminuir el costo del corte y reposición, le cargó el problema a todos los ciudadanos, lavándose las manos conjuntamente con las empresas distribuidoras, cuidándoles el negocio y no solucionando el problema de fondo.
2) Equidad Tarifaria.
La ley contempla como objetivo, la nivelación de los cobros de las cuentas eléctricas a nivel nacional, dado que en ciertas ciudades, los parámetros que definen el cobro a través de las boletas, eran bastante dispares, lo cual daba como resultado una inequidad tarifaria bastante notoria. El diagnóstico del problema fue acertado, pero nuevamente se cargó a la ciudadanía el costo de la solución, obteniéndose como resultado un nuevo lavado de manos conjunto del Ministerio de Energía y las empresas distribuidoras.
Para “nivelar la cancha”, se optó por subir las cuentas a los puntos de consumo que se encontraran más alejados de las áreas de generación. Esos clientes van a ver incrementadas sus cuentas siempre y cuando su nivel de consumo mensual supere los 200 kWh.
Nivel de aportes de consumidores afectados por la ley de equidad tarifaria según nivel de consumo. Fuente: http://www.cne.cl/wp-content/uploads/2016/06/Resumen-General-ETR-vf.pdf
Nuevamente hemos sido engañados. Una familia de 4 integrantes no necesita hacer mucho para superar ese nivel de consumo, ya que una familia chilena en área urbana, típicamente consume alrededor de 230 a 250 kWh mensuales, pudiendo caer fácilmente en el rango del 100% de aporte. Debido a lo anterior, la gran mayoría de los ciudadanos de las áreas escogidas para el aumento tarifario, van a ver sus cuentas incrementadas. Nuevamente se cargó el problema a la ciudadanía y en lugar de atacar la situación de fondo, solo se realizó un esparcimiento del problema entre todos los clientes. Un lavado de manos.
En el siguiente enlace, es posible apreciar las comunas y sectores que se verán beneficiados (siempre y cuando su nivel de consumo sea inferior a 200 kWh) y las comunas perjudicadas aparecen en color blanco en los mapas:
http://www.cne.cl/nuestros-servicios/proyecto-de-equidad-tarifaria-residencial/
Es importante que la ciudadanía se informe y deje en claro de que el país demanda soluciones de fondo. Meter la basura debajo de la alfombra o repartir el problema entre todos para lavarse las manos, no es una solución técnicamente aceptable. Se necesita un Ministro de Energía especialista en el área, no un economista que solo se maneje a nivel de flujos de dinero, como el actual ministro o los anteriores (el problema no distingue mandatos presidenciales) , que claramente además, se encuentra mal asesorado.
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Esta columna es gentileza del Ingeniero Electricista Cristián Vargas Ravelo, diplomado en Regulación del Sector Eléctrico de la Universidad de Chile, ex fiscalizador de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Gerente General de Geinsec SpA, Ingeniería Eléctrica, Asesorías e Inscripciones SEC y Presidente de Autorizados SEC Chile.
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